En la historia del hombre, la agricultura ha jugado un papel clave para su desarrollo y crecimiento, desde lo económico hasta lo social, siendo la comercialización de sus productos una herramienta clave para ello.
Los mercados, por ejemplo, han sido lugares clave para el intercambio de bienes, como lo son los productos agrícolas. En un inicio, todo era cuestión de intercambiar un bien por otro, y la necesidad de los actores involucrados determinaba que el trueque fuese justo. Sin embargo, con el tiempo estas prácticas se fueron modificando, al igual que las exigencias hacia los bienes de intercambio, debido a la necesidad de establecer un valor específico para cada bien dependiendo de sus características y virtudes.
En este sentido ha surgido a la par la necesidad de garantizar que se recibe exactamente aquello por lo que se paga y en este sistema la certificación por un tercero ha sido una de las estrategias. Este tercero, no involucrado directamente en la transacción, avala la calidad y confiabilidad de los productos y, hablando específicamente del agro, avala también las metodologías realizadas a lo largo del cultivo, lo que de cierta manera representa su valor.
Esta necesidad de certificación y aval, particularmente en la coyuntura actual, en el que se ha incrementado la demanda de productos orgánicos, ha sido más estricta con los agricultores. Como en un inicio –y un poco todavía- la agricultura orgánica no se encontraba estrictamente regulada, la necesidad de garantizar la fiabilidad, procedencia, manejo y calidad de los cultivos por terceros tuvo que entrar en acción.
Para los agricultores, la certificación orgánica representa un gasto extra, y en la mayoría de los casos es poco accesible económica y burocráticamente hablando. Por otro lado, el mercado de los productos orgánicos es un nicho de alto valor, lo que permite a quienes se certifican comercializar sus productos a mejores precios o en mejores mercados.
Es debido al crecimiento del sector orgánico y su demandante necesidad de ser regulado se ha requerido establecer estándares básicos para la producción y procesamiento de los productos, así como establecer los principios rectores de la agricultura orgánica, para lo cual en 1972 se fundó La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM por sus siglas en inglés).
Basados en los principios rectores establecidos por la IFOAM es que se estructuran los Sistemas Participativos de Garantías (SPG), también conocidos como Certificación Participativa (CP), los cuales permiten a los productores certificar sus productos mediante la participación activa de los actores y se constituye a partir de la confianza, las redes y el intercambio de conocimiento; basándose fundamentalmente en el respaldo de personas y organismos que se encuentren involucrados a lo largo de la cadena de producción, desde la promoción, producción, reglamentación, distribución, usos y/o consumo de los productos, logrando así garantizar la calidad del sistema. Dicho de otro modo, los actores comerciales, que comparten interés en que los estándares se cumplan, se encargan de verificar su cumplimiento.
La finalidad de toda certificación es el poder garantizar a los consumidores la calidad e integridad de los productos que están comprando.
La Certificación Participativa es la respuesta a la necesidad de miles de familias de agricultores ecológicos de pequeña escala con sistemas productivos diversificados adaptados con tecnologías ancestrales y tradicionales que estaban siendo desplazados a causa de no poder acceder a una certificación oficial. La CP, además de ser una opción viable para pequeños productores, funge como una herramienta que promueve la gestión social a través de sus principios y valores basados en la confianza, la participación cooperativa y la transparencia.
Las finalidades de la CP son:
Bajos costos directos.
Fortalecer relaciones entre productores y consumidores.
Menos burocracia.
Facilitar el desarrollo de mercados locales.
Empoderamiento y responsabilización de los agricultores y consumidores.
Apoyar economía regional, basándose en la cultura local.
Crear redes locales de conocimientos.
Revivir principios de la Agroecología.
Contribuir hacia la construcción de capacidades.
Para México, uno de los actores más relevantes del movimiento orgánico ha sido la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos (REDAC), la cual tiene como objetivo avanzar hacia la sostenibilidad y a la justicia económica y social.
Según la REDAC, la Certificación Participativa se define como: “Un proceso colectivo entre productores, consumidores y otros actores, que garantiza la calidad orgánica y sana de productos locales, generados a pequeña escala, basados en relaciones de confianza y, que promueven los compromisos de salud, ecología, equidad y certidumbre ambiental.”
La Certificación Participativa es un claro ejemplo del alcance de la innovación abierta, de cómo los sistemas en colaboración e intercambio cooperativo pueden estructurar sistemas funcionales de mayor impacto y alcance.
La certificación orgánica no debe ser una barrera socioeconómica para los productores. Al igual que la cooperación microbiana del suelo, debemos desarrollar y cultivar relaciones de cooperación que nos permitan democratizar más productos de alta calidad, sin incurrir en costos elevados que tengan que ser absorbidos por productores o consumidores.
